IU pide que el Ayuntamiento explique por qué sigue Vega en su cargo

La Audiencia Provincial ha estimado parcialmente el recurso de los vecinos de Carrascal, porque considera que hay indicios suficientes para que no se archive el caso y, por lo tanto, obliga a continuar con la investigación para dilucidar si el jefe de Parques y Jardines, Alberto Vega ha realizado “negociaciones prohibidas a los funcionarios”, (art. 441 del Código Penal). Y es que quedan acreditadas, como así lo indica también IU, que hay unas supuestas irregularidades administrativas derivadas de la incompatibilidad de sus trabajos para la empresa Dima S.L. y los trabajos que esta empresa hacía para planes parciales que se tramitaban en el Ayuntamiento. Por ese motivo se solicita la remisión al Juzgado de todos los expedientes en los que haya intervenido la sociedad Dima. Lo que queda manifiesto es que hay una incompatibilidad administrativa. Se acredita en el Auto el caso del Sector Villaclaudia, pero puedieran existir muchos más, como explica el portavoz de IU, Francisco Guarido. Además, “El Concejal de Medio Ambiente es conocedor necesario de los hechos, primero por su cargo en la actualidad de Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, y, en consecuencia sí tiene responsabilidades políticas”. IU estima que el PP debería explicar por qué sigue manteniendo en su puesto a este funcionario certificando obras y aclarar si tenía conocimiento de la participación de Vega en una Sociedad que realizaba estudios de Impacto Medioambiental para Planes Parciales que, después, se presentaban en el Ayuntamiento. Por su parte, el Psoe, va a pedir, en el próximo Pleno, la creación de una Comisión de Investigación a fin de conocer los hechos denunciados públicamente, relativos a la colocación de familiares y amigos del equipo de Gobierno del Partido Popular y funcionarios municipales en la empresa concesionaria del servicio de jardines y al incumplimiento de las normas de compatibilidad y deberes de abstención de cargos públicos del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora y de funcionarios municipales. Y es que, los hechos denunciados públicamente, suponen un descrédito de la institución municipal a través de una denuncia pública y un quebrantamiento inexcusable de la confianza exigible a los representantes políticos, siendo de una gravedad extrema al ser los “acusados” de “enchufismo” los representantes públicos y funcionarios adscritos al servicio que debe vigilar la correcta ejecución del contrato y en los que dicha circunstancia, además de otras responsabilidades, podría hacer incurrir a los afectados en ilícitos penales